La corrupción es un flagelo que afecta a todos y en todos los ámbitos en Paraguay. Si bien es una minoría la proporción de gente corrupta, el robo al Estado tiene consecuencias en el crecimiento y el bienestar. El pago de coimas y chantajes, los sobrecostos, el tráfico de influencias y la colusión para conseguir ventajas en el sector público, la planificación tributaria abusiva, el uso de los recursos públicos –incluyendo el servicio civil–, para favorecer arbitrariamente a un sector político son diferentes formas en que se manifiesta la corrupción cotidianamente. La ciudadanía exige cambios y los tres poderes del Estado deben reaccionar.
Nuestro país necesita avanzar para dejar de estar en los últimos lugares de todos los ránkings internacionales, incluyendo el de Transparencia Internacional.
De los 198 países incorporados en el indicador de Transparencia, Paraguay se ubica en el lugar 137, quedando ubicado en esa posición detrás México, Guatemala, Honduras o Nicaragua en América Latina; y Turkmenistán, Libia y Congo del resto del mundo.
El problema que plantea la corrupción no es solamente aparecer, y además tener un gran protagonismo en este indicador como uno de los peores países.
La consecuencia más importante es que no podemos ir hacia adelante, lo que nos pone en la mayoría de los indicadores sociales, políticos y económicos relacionados con el desarrollo en los últimos lugares.
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