Se volvió a suspender el juicio oral que se había previsto para el jueves a los procesados por estafa al Estado. Son ellos Luis Piccardo y Ricardo Arias, que presentaron incidentes de nulidad contra el fiscal Igor Cáceres.
Una semana antes, también Silvio Riveros se zafó con un certificado médico. Los otros procesados por la misma causa, Enzo Cardozo y Rody Godoy, exministros de Agricultura, tienen acciones pendientes en la Corte Suprema desde hace más de dos años.
Pocos casos de corrupción tienen, como el referido, una copiosa documentación que demuestra con tanta contundencia la perpetración de los delitos. Solamente la complacencia de jueces, unida a la astucia de los abogados defensores, impiden todavía que los acusados vayan a la cárcel por un largo tiempo. Aun así no sería todavía justicia. Haría falta que el Estado recupere, para los pequeños productores, los más de 68.000 millones de guaraníes que se repartieron los acusados.
Los responsables de los delitos denunciados echaron mano a las más burdas patrañas para quedarse con el dinero destinado a los agricultores. Al parecer, creyeron que nunca habría de saberse porque, supuestamente, cumplieron con los requisitos legales. En apariencia sí, sólo que están repletos de irregularidades, según se ha podido comprobar, primero a través de la prensa y luego con una minuciosa investigación fiscal contenida en más de 200 páginas. En cada una de ellas, está el rastro que dejaron los acusados.
La descomunal estafa se inició en 2012 con la firma de un “convenio de cooperación” suscrito el 8 de octubre de 2010, entre Enzo Cardozo y el presidente de la supuesta Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp) Silvio Riveros.
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