En marzo de 2023, durante la sesión 66 de la Comisión de Estupefacientes (CND), el órgano rector de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), encargado de supervisar la aplicación de los tratados de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, Bolivia y Colombia presentaron la solicitud de revisar la clasificación de la hoja de la coca.
De entrada hay que tener presente que esta petición no tiene como objetivo una política de regulación de la cocaína, sino que solamente está retomando una reivindicación de los pueblos andino-amazónicos, para quienes la hoja de coca es parte de su cultura y tradición. Bolivia y Colombia sólo presentaron en la sesión de la CND su solicitud para iniciar una revisión crítica de la clasificación de la hoja de coca por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS,) lo cual llevará al menos un año. La CND no podrá asumir ninguna decisión sin una previa recomendación de la OMS.
El debate que emerge de la solicitud de Bolivia y Colombia gira en torno al nexo entre la hoja de coca y la elaboración de la cocaína, porque ésta se deriva de la hoja, que contiene aproximadamente un 1% de cocaína. Además, ambas se ven inexorablemente entreveradas cuando se trata de políticas de control de drogas. Sin embargo, existen otros casos en la Convención Única de Control de Narcóticas del año 1961, que se basan en el concepto de que una droga extraída de una planta puede estar prohibida, pero la planta en sí no lo está.
En aquel entonces se incluyó la hoja de coca como "sustancia de la que se puede abusar". Sin embargo, nunca se logró resolver el conflicto entre las disposiciones de la Convención de 1961 y las opiniones y la legislación de los países en los que el uso de la hoja de coca es considerado común, ya sea porque se mastica la hoja de coca o porque se la consume como mate de coca. Hoy en día, en nombre de los derechos humanos fundamentales, se está exigiendo la protección de las comunidades indígenas en cuanto a su particular y tradicional uso de la hoja de coca.
En julio de 2011 Bolivia denunció la Convención Única de 1961, que entró en vigor en enero de 2012. Bolivia decidió adherirse al tratado el 10 de enero de 2013, con una nueva reserva sobre la masticación de la planta, que entró en vigor, aunque no se lograron disipar las dudas de aquellos dos tercios de las partes de la Convención que expresaron sus objeciones.
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