PARÍS. Para encontrar los miles de millones necesarios para la protección de la naturaleza, una idea controvertida, los créditos de biodiversidad, se abre camino y protagonizará la COP16 de Cali a finales de octubre.
Sus defensores quieren disipar los temores de que es una maniobra de “ecoblanqueo” y promover el debate sobre los estándares necesarios para desarrollar un mercado incipiente y polémico.
El término “créditos de biodiversidad” es una derivación de los créditos de carbono que monetizan la tonelada de CO2 absorbida o no emitida, y abarca una variedad de herramientas financieras para la protección de la naturaleza.
Estos créditos buscan poner un precio a la “compensación” directa por la destrucción de ecosistemas causada, por ejemplo, por un proyecto minero o una autopista.
Bajo la denominación “certificados de biodiversidad” también pueden reconocer el valor de las “contribuciones” voluntarias de empresas, Estados u organizaciones filantrópicas, como la restauración de una zona húmeda o el apoyo a un productor de caucho en la gestión sostenible de su bosque.
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