Una jueza de la Corte Suprema de Brasil solicitó al presidente, Jair Bolsonaro, que “explique” los términos de un decreto que libera la portación de armas para una serie de profesiones y oficios, y que tiene partidarios y detractores en el país.
RÍO DE JANEIRO (AFP, EFE). El decreto de Bolsonaro autoriza a varias categorías ocupacionales, entre ellas políticos, periodistas y camioneros, el derecho a portar armas como medida contra la inseguridad.
El pedido judicial se enmarca en una acción promovida por el opositor Partido Sustentabilidad, según el cual el Gobierno no tiene potestad para “legislar por decreto” sobre una materia que compete exclusivamente al Parlamento.
La demanda también afirma que el decreto viola algunos artículos del llamado Estatuto del Desarme, un conjunto de leyes sancionado en 2003 que regula todo lo relativo a los armamentos y prohíbe el porte por parte de civiles.
Bolsonaro, que promueve el derecho de la sociedad a la autodefensa, declaró que en la redacción de ese decreto el Gobierno había llegado al “límite de la ley”, pero afirmó que todos sus artículos se ajustan a la Constitución.
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