Uno de los pocos deberes que la Carta Magna impone a los paraguayos es el de prestar el servicio militar, “con plena dignidad y respeto hacia la persona”, durante no más de un año en tiempo de paz. De hecho, se ha convertido en uno voluntario, cumplido en condiciones que suelen conllevar vejámenes, sin que el defensor del pueblo de turno –hoy Miguel Godoy– crea necesario intervenir de inmediato. Es que la enorme mayoría de los sujetos obligados no se enrolan ni invocan razones éticas o religiosas ante dicho comisionado parlamentario, ejerciendo un derecho previsto en la misma norma constitucional: el año pasado hubo solo 3.230 objetores de conciencia, pero las Fuerzas Armadas no tienen más de catorce mil conscriptos. Esto implica que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO), presidido por el defensor del pueblo, no está recargado de trabajo a la hora de aceptar o no la objeción formulada por los declarantes.
“Contribución” en servicio militar apunta a recaudación irregular
Así las cosas, la Cámara Baja aprobó una infeliz iniciativa de los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Derlis Maidana (ANR), en virtud de la cual los objetores de conciencia que no presten el servicio civil sustitutivo, a través de centros asistenciales públicos y privados, deberán pagar una “contribución”, equivalente a cinco jornales mínimos, salvo que sean declarados insolventes; si no lo hacen, se verán impedidos de obtener un pasaporte, concursar para ingresar en la función pública u obtener becas del Estado. Se trataría así de legitimar a posteriori la recaudación que ya se venía...
En tiempos de la dictadura, cuando no existía la Defensoría del Pueblo ni se aceptaba la objeción de conciencia, no era raro que los jóvenes que provenían de familias más o menos pudientes compraran la baja que los libraba del cuartel por ser “inaptos”. Era un negocio redondo para los militares que tenían que expedir la exoneración a quienes no querían cumplir con el SMO. Se debe cuidar que la nueva iniciativa no abra la canilla para recaudaciones irregulares parecidas, partiendo de la base de que, al disponer de la opción entre el servicio civil sustitutivo y la “contribución”, muchos...
En otras palabras, el proyecto de ley en cuestión no apunta precisamente a que las razones éticas o religiosas de los objetores sean verosímiles ni a que, si lo fueran, trabajen en hospitales, escuelas u orfanatos: lo que de hecho interesa es reforzar la hasta hoy irregular capacidad recaudatoria de la Defensoría del Pueblo. La intención generará corruptelas y conducirá a que, en la práctica, el servicio civil sustitutivo solo quede a cargo de personas de menores ingresos, con lo que terminará teniendo el carácter punitivo que la Constitución prohíbe. Por lo demás, sería prestado en su gran...
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