“Resulta necesario que la convocante regularice el proceso licitatorio, de forma a que los motivos por los cuales se rechazan o aceptan las ofertas presentadas se encuentren debidamente consignados y que con ello los oferentes posean las garantías de un debido proceso”, argumenta el informe final de la DNCP. Vale señalar que hasta la fecha son cinco los consorcios que presentaron sus protestas contra diversas adjudicaciones de la cartera, que se dan principalmente por la masiva eliminación de las ofertas más baratas.
El proyecto se había adjudicado a la firma Talavera y Ortellado (Tocsa) por G. 72.821 millones (USD 12 millones), según reza en el documento con fecha del 9 de enero al que accedió ÚH. Se trata de una de las tantas licitaciones de la cartera que fueron impugnadas por irregularidades en el proceso de evaluación de las ofertas.
En el caso del proyecto en cuestión, la protesta fue promovida por la firmas Caldetec Ingeniería SRL y Chaves Construcciones SAE (Consorcio Arroyito), que consideraron que fueron descalificados de forma irregular, debido a que el MOPC no agotó la instancia de consultas para descalificarlos.
Es que Obras Públicas eliminó a dicho oferente por la falta de acreditación de la propiedad de la planta asfáltica solicitada en el pliego; sin embargo, el consorcio contaba con dichas maquinarias para ejecutar los trabajos encomendados.
Empero, el MOPC no realizó las consultas pertinentes al participante para aclarar las dudas que pudieron surgir en cuanto a la planta asfáltica.
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