La Contraloría General de la República (CGR) presentó ante el Ministerio Público un reporte de indicio de hecho punible en la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) por un supuesto daño patrimonial de G. 793 millones. Esta denuncia se desprende del estudio documental que el ente contralor hizo a la gestión del 2020, durante la pandemia del coronavirus.
“De las verificaciones y análisis de los documentos, el equipo auditor constató varias observaciones por valor G. 793.518.012″, reza parte del documento presentado por al Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR) ante el Ministerio Público.
La Contraloría, cuyo titular es Camilo Benítez, indicó que, tras realizarse la auditoría a la gestión de , arrojó como resultado preliminar que la Diben no contaba con respaldo documental de G. 2.276 millones de la gestión del 2020, año del inicio de la pandemia por el Covid-19, pero luego en su descargo presentó documentos respaldatorios para el uso G. 1.857 millones.
La CGR precisó ocho observaciones a la gestión de Carmen Alonso, no remitió documentos de respaldos consignados en las planillas de rendición de cuentas de la Pastoral Social Arquidiocesana por un total G. 793.518.012.
Además, indicó que el ente auditado presentó comprobantes no válidos pertenecientes a la Pastoral Social Arquidiocesana de G. 9.700.000 en comprobantes entre los meses febrero y marzo del 2020. En este punto, la CGR se mantuvo en su postura de que la Diben presentó documentación invalida para justificar el uso del dinero público.
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