La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó, en una auditoría financiera, a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que no haya tomado las medidas tendientes a defender el ordenamiento jurídico con respecto a la aplicación ilegal de la Nota Reversal de 1992 en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y sugiere un arbitraje internacional.
El reporte firmado por la Lic. Isabel Emi Moriya de Amarilla, directora de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada de la CGR, señala, entre otras cosas, que la ANDE es una empresa pública paraguaya y que su situación como copropietaria en el emprendimiento hidroeléctrico de Yacyretá “no le excusa, ni menos justifica el no cumplir ni defender nuestro ordenamiento jurídico respecto a la legalidad de la aplicación de la Nota Reversal de 1992 en sus Estados Financieros”.
Asimismo sugiere que de inmediato tramite en instancias de un arbitraje internacional para dirimir la controversia que generó esa nota, que fue firmada el 9 de enero de 1992 por el entonces embajador paraguayo en Buenos Aires Dido Florentín Bogado, que modificaba el Anexo C del Tratado de Yacyretá. El documento fue rechazado por el Congreso paraguayo en junio de 1995, por lo que no tiene vigencia jurídica; sin embargo, es utilizada por la EBY para su facturación.
La CGR exige a la ANDE implementar de inmediato investigaciones tendientes a deslindar responsabilidades y en su caso, sancionar a los intervinientes, de conformidad a las disposiciones legales vigentes; debiendo remitir al órgano de control, un informe pormenorizado sobre las resultas de los mismos en un plazo de 60 días.
Agrega que, en el eventual caso que surgieran indicios de responsabilidad civil o penal de funcionarios, aunque hayan dejado de pertenecer a la institución, la ANDE se encuentra compelida a impulsar los trámites de rigor ante los ámbitos jurisdiccionales y, en su caso, dar intervención a la Procuraduría General de la República.
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