La falta de rendición de cuentas de los jefes comunales sobre el uso de royalties y Fonacide a la Contraloría General de la República (CGR) es una constante en pleno año electoral. Dos intendentes siguen sin presentar sus balances del 2022, otros 33 jefes comunales lo hicieron de manera extemporánea, mientras que siete entregaron sus documentos de forma incorrecta.
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), recibió G. 763.895.542 de Fonacide y G. 1.527.867.493 de royalties durante el 2022, según el informe del Ministerio de Hacienda, pero no rinde cuentas a la Contraloría General de la República (CGR). Fernández está imputada por un daño patrimonial de G. 1.000 millones. El otro intendente que no rinde cuentas, de San Pedro de Ycuamandyyú, según Hacienda recibió G. 1.334.817.073 de Fonacide y G. 2.669.767.661 en royalties. Su gestión está intervenida y se detectó un daño patrimonial de G. 18.000 millones.
Por otro lado, el jefe comunal de San Patricio, Líder Almada (Alianza), recibió G. 1.065.280.566 de Fonacide y G. 2.130.667.686 de royalties pero, según no cumple en forma ambos informes. En similar postura está el intendente de Alberdi, Roberto Sotelo (ANR), quien recibió G. 1.311.467.836 de Fonacide y G. 2.623.066.851 de royalties.
El intendente de Cerrito, Hugo Ayala (ANR), administró G. 1.150.242.616 de Fonacide y G. 2.300.600.285 en royalties. Ayala entregó en forma incorrecta el uso de royalties.
Fermín Candia (PLRA) de Laureles recibió G. 1.055.725.076 de Fonacide y G. 2.111.555.750 de royalties, rindió incorrecto royalties. El de Nueva Alborada, Óscar Martínez (ANR), administró G .1.241.261.518 de Fonacide y G. 2.482.647.194, royalties. Este último informe lo hizo de manera incorrecta.
Leer la nota completa en Diario ABC
