A través de una nota enviada al presidente de la ANNP, Héctor Duarte, la Contraloría solicitó ayer un listado de documentos que el ente debe proveer en el plazo de 10 días, sobre la polémica cesión del puerto de Concepción que se hizo al margen de las leyes de APP y de concesiones.
Precisamente, lo primero que solicita la Contraloría General de la República es “señalar el marco normativo por el cual se rige la ANNP para celebrar ese tipo de contratación, bajo la denominación de Alianza Operacional Estratégica”.
La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), en lugar de hacer un llamado a licitación vía ley de APP o vía ley de concesiones (a través del Congreso Nacional), se basó simplemente en resoluciones internas y en un decreto sobre tarifas, para tratar de justificar la cesión del puerto de Concepción, durante 20 años. La empresa adjudicada en un cuestionado proceso fue Baden SA, cuyos accionistas están relacionados al padre del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
El ente contralor solicita, además, los estudios técnicos que justifiquen la explotación de la terminal portuaria de Concepción “Puerto Nuevo” y estudios de mercados, técnicos, estadísticos, de precios, etc., “realizados para garantizar la realización de la negociación o cesión el Puerto de Concepción para el caso específico”.
Así también, la ANNP deberá proveer todos los documentos e informes del primer llamado, que fue declarado desierto pese a que las tres empresas que se habían presentado pasaron la evaluación técnica. Las firmas fueron: Puerto Seguro, CIE-Imperial y el consorcio Salto Aguaray-Mercoplus.
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