El contralor general, Enrique García, sostuvo ayer que será imposible auditar y dictaminar sobre el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este. Alega que el clan Zacarías se blindó con una acción de inconstitucionalidad desde el 2013 y la Corte no permite revisar las rendiciones.
El contralor general de la República, Enrique García, sobre quien pesan una imputación y un juicio político pendiente en el Congreso, ayer se lavó las manos y buscó tomar distancia del pedido de intervención en contra de Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista), intendenta de Ciudad del Este.
La Constitución Nacional, en su artículo N° 165, establece tres casos para justificar una intervención: por dictamen de Contraloría; a pedido de la Junta Municipal o por la desintegración del citado colegiado. De esta manera, García tira la pelota a la Junta Municipal y a la Cámara de Diputados.
En su justificación, García confirmó ayer que la última auditoría a la comuna esteña se realizó en 2013, hace cinco años, y que desde entonces es imposible cualquier control.
Desmintió así al diputado Justo Zacarías (ANR, Cartista), cuñado de Sandra McLeod, quien en la última sesión legislativa dijo lo contrario.
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