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Un equipo multidisciplinario investigará el uso de 150 millones de dólares del fondo común y otras irregularidades administrativas.
La Contraloría General de la República desplegará un operativo de fiscalización sin precedentes contra el Instituto de Previsión Social, asignando 37 funcionarios especializados para investigar las denuncias de irregularidades en el manejo de recursos que afectan a miles de jubilados.
La decisión del órgano de control responde a las reiteradas alertas sobre el deterioro financiero de la institución previsional. El documento oficial, difundido este martes, establece que la auditoría abarcará múltiples áreas críticas: desde la situación del fondo común de jubilaciones hasta las contrataciones públicas y el impacto ambiental de los servicios hospitalarios.
Cuatro direcciones generales de la Contraloría coordinarán la investigación. La Dirección de Control de Finanzas Públicas se enfocará en verificar la razonabilidad de los estados financieros y el manejo del fondo de jubilaciones. Paralelamente, otras unidades especializadas examinarán las inversiones financieras, los bienes patrimoniales, la gestión ambiental y los procesos de contratación estatal.
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