El contralor general de la República, Camilo Benítez, reveló que la Contraloría solo logra analizar el 5% de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. A pesar del mandato constitucional que exige revisar la totalidad de estos documentos, actualmente solo se realizan 250 estudios de correspondencia al año, frente a los más de 5.000 requeridos. […]
El contralor general de la República, Camilo Benítez, reveló que la Contraloría solo logra analizar el 5% de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. A pesar del mandato constitucional que exige revisar la totalidad de estos documentos, actualmente solo se realizan 250 estudios de correspondencia al año, frente a los más de 5.000 requeridos.
En entrevista con ABC Cardinal, Benítez explicó que el análisis de correspondencia es un proceso lento y burocrático, ya que depende de la información proporcionada por otras instituciones, lo que retrasa las evaluaciones por meses. «Nosotros deberíamos tener acceso directo a la información», reclamó.
Para enfrentar esta situación, anunció que en las próximas semanas la Contraloría presentará un proyecto de ley al Congreso con el fin de mejorar los procedimientos y garantizar el cumplimiento del mandato constitucional.
Benítez también abordó la imposibilidad de auditar el patrimonio del presidente Santiago Peña antes de 2028, fecha establecida por la Constitución para realizar dicho análisis. Aseguró que no existen motivos legales para adelantar el proceso, pues el mandatario ya había declarado un patrimonio significativo antes de asumir el cargo.
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