La entidad Itaipú Binacional informó ayer que inició una demanda para “despido justificado” del exsuperintendente de Servicios Generales, Arturo Giménez Gallardo, tras concluir que el citado funcionario suspendido cometió el delito de acoso sexual contra una aprendiz de la entidad.
La Dirección Jurídica de la binacional informó de la suspensión del “contrato individual de trabajo” del empleado Arturo Giménez, como resultado del sumario administrativo, debido a irregularidades constatadas que atentan contra el Reglamento del Personal de Itaipú (Art. 31°) y el Código del Trabajo (Art. 81). La conclusión se da tras un año de investigación.
Considerando que el citado funcionario cuenta con más de 10 años de antigüedad, la directora jurídica de la entidad, Dra. Iris Magnolia Mendoza, explicó que adicionalmente se da inicio a un juicio ordinario para el “despido justificado” del citado funcionario suspendido. El sumario ha llegado a la conclusión de que Arturo Giménez ha incurrido en mala conducta o mal procedimiento, acto lesivo de la honra o de la buena fama practicado en el servicio contra cualquier persona, u ofensa física, en las mismas condiciones.
La directora jurídica afirmó que durante el sumario administrativo se comprobó también el “mal uso de atribuciones” por parte de Giménez en su carácter de superintendente. Dijo que es por todos conocida la existencia de un audio en el que se incita a un subordinado a sustraer los teléfonos celulares de unas aprendices que prestaban servicios en Ciudad del Este y que, a raíz de esa situación, Giménez solicitó la comparecencia de un escribano en el lugar de trabajo de la aprendiz Mariza Irigoyen (la denunciante del caso), “hecho que para nosotros configura un hostigamiento”.
Por su parte, el juez instructor del sumario administrativo, Abog. Hugo Ruiz, leyó la Resolución Conclusiva N° 4/2018, que establece la aplicación de la “sanción disciplinaria” a Arturo Giménez Gallardo, conforme al Artículo 90, párrafo 2, Inc. B del Reglamento del Personal de Itaipú Binacional, como consecuencia de las irregularidades que se constaron en el sumario. La resolución también absuelve al empleado Gustavo A. Santander y a la aprendiz Mariza Irigoyen.
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