El Tribunal de Apelación, 1ª sala, confirmó parcialmente la sentencia por la cual la jueza penal de garantías Rosarito Montanía hizo lugar al amparo promovido por la Procuraduría General de la República contra sindicatos de funcionarios penitenciarios.
Con los votos de los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander, la Cámara revoca el punto N° 1 de la sentencia, específicamente la prohibición de la medida de fuerza declarada por los gremios.
“En el presente amparo constitucional, la a-quo no desconoce que las reivindicaciones exigidas por los funcionarios sean justas, no obstante manifiesta que están en juego derechos laborales vs. seguridad ciudadana, y falla en virtud a la seguridad interna de Estado, situación que violenta el artículo 98 de la Constitución Nacional, y en razón al principio de especialidad en la materia esta magistratura considera analizar lo dispuesto por nuestra Constitución, como rango superior y, además, este país ha ratificado los Convenios N° 87 y 98 de la OIT por lo que la sentencia que hace lugar al...
Asimismo, Mayor Martínez y Santander afirman que no son competentes para estudiar la legalidad o no de la medida de fuerza, puesto que es una potestad del fuero ordinario pertinente (laboral).
El tercer integrante de la sala, Gustavo Ocampos, votó en disidencia, por considerar que el estudio de la cuestión debió ser declarado inoficioso, en atención al acuerdo extrajudicial al que llegaron las partes el 5 de noviembre pasado.
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