Confirmación judicial mantiene al Pastor José Insfrán en reclusión de máxima seguridad

Confirmación judicial mantiene al Pastor José Insfrán en reclusión de máxima seguridad

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, resolvió sostener la reclusión de

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, resolvió sostener la reclusión de José Alberto Insfrán Galeano bajo el régimen especial de máxima seguridad en la penitenciaría «Martín Mendoza». El fallo, suscrito digitalmente por los jueces Arnulfo Arias Maldonado, Paublino Escobar Garay y Mario Camilo Torres Leguizamón, rechazó formalmente el recurso impulsado por la defensa técnica liderada por el abogado Nelson Antonio López Ruiz.

El planteamiento de la representación legal pretendía conseguir el traslado del procesado al Módulo 4 de dicho penal —un sector destinado a reclusos en etapa de procesamiento—, fundamentándose en un informe técnico criminológico que registraba una conducta intramuros adecuada y recomendaba la reubicación del interno.

Al fundamentar la resolución, el tribunal de alzada determinó que la ubicación de una persona privada de libertad dentro del sistema penitenciario no se halla supeditada de manera vinculante a los dictámenes o informes de conducta de perfil individual. La magistratura sostuvo que la potestad discrecional del Estado exige ponderar aspectos colectivos y preventivos del entorno institucional. En ese contexto, los jueces enfatizaron la elevada complejidad y peligrosidad de los hechos imputados a Insfrán Galeano dentro del caso A Ultranza Py —vinculados al crimen organizado transnacional y al...

Asimismo, el fallo judicial incorporó como elemento objetivo de análisis la situación operativa de la penitenciaría «Martín Mendoza», instalación que absorbió a más de 700 internos trasladados desde la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Según los camaristas, este incremento sustancial de la población penal elevó la presión sobre los controles de seguridad e incrementó los riesgos procesales, tornando imprudente la flexibilización de las medidas cautelares aplicadas sobre perfiles de alta visibilidad mediática o institucional.

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