El fallo del Tribunal de Apelación que extinguió el proceso que investigaba casos de homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad durante la dictadura stronista y dispuso el sobreseimiento definitivo de los ex torturadores Camilo Almada Morel, alias Sapriza, y Eusebio Torres Romero, ante la “extremada dejadez del Ministerio Público”, constituye una condenable impunidad a los crímenes de lesa humanidad y una afrenta para las víctimas de la barbarie dictatorial. A diferencia de lo ocurrido en países vecinos, donde hubo severas condenas a los violadores de derechos humanos, en el Paraguay los asesinos y torturadores quedan sin castigo, abriendo la posibilidad de que los horrores puedan repetirse.
En este caso también estaban procesados el ex presidente Alfredo Stroessner, su ex ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, quienes ya han fallecido, a más de los torturadores Camilo Almada Morel (Sapriza), Juan Martínez, Lucilo Benítez (Kururu Pire) y Eusebio Torres. En marzo del 2002 ya habían sido sobreseídos en forma provisional por el juez Wilfrido Peralta. En la última resolución del Tribunal de Apelación, el camarista Emiliano Rolón fundamentó que se tuvo que dejar libres a los procesados principalmente por la inacción de parte del Ministerio Público en investigar la causa.
De esta manera, los crímenes de lesa humanidad cometidos por los esbirros de la dictadura quedan fundamentalmente impunes. A diferencia de lo ocurrido en países vecinos –como la Argentina y Chile, en donde hubo severas condenas a los violadores de derechos humanos en épocas de los regímenes militares–, en el Paraguay la mayoría de los asesinos y torturadores, como los que dieron las órdenes de practicar el terrorismo de Estado, han quedado sin castigo.
Solo unos pocos ejecutores de la política represiva, como Pastor Coronel, Alcibiades Brítez Borges, Lucilo Benítez, Juan Martínez, Alberto Cantero, Agustín Belloto, Francisco Ortiz Téllez, entre otros, fueron sentenciados en unos ocho casos llevados ante la Justicia. El resto, incluyendo al dictador Alfredo Stroessner y su hijo Gustavo, quienes se acogieron al asilo político en el Brasil, logró burlar a la Justicia.
Las cifras del horror reveladas por el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia sostienen que durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989, hubo 20.000 víctimas directas de violaciones de derechos humanos; 19.862 detenidos en forma arbitraria o ilegal; 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente, 336 desaparecidos, 3.470 exiliados, 107.987 víctimas indirectas, entre familiares y allegados, y 7.851.295 hectáreas de tierras malhabidas.
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