Más allá de la eficacia que tenga la ley de financiamiento político, promulgada esta semana y otras leyes existentes y pendientes contra la corrupción, está demostrado que en nuestro país lo que realmente funciona es la publicidad y/o publicación de los delitos que cometen funcionarios y políticos.
Los ladrones, defraudadores y estafadores de la administración pública a lo único que temen realmente es a la publicidad de sus fechorías.
Esto está directamente relacionado con una verdad de perogrullo: las instituciones públicas no funcionan, especialmente las que deben ejercer un control y sanción a quienes se aprovechan de sus cargos para obtener beneficios que siempre van en perjuicio de la mayoría de las personas que, por convicción o por obligación, contribuyen al fisco.
Un caso reciente que salió a la luz pública sobre el robo descarado a las arcas públicas es el que dio a conocer el director de la Entidad Binacional Yacyretá Nicanor Duarte Frutos, con la suspensión de 10 funcionarios que cobraban millonarios salarios sin trabajar porque estaban de reposo casi permanente.
Lo sorprendente en este caso, además del robo desembozado, es todo el tiempo que estuvieron impunes, sin que ningún organismo de la entidad detectara lo que hacían.
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