La presentación se realizó en la capital del país y ahora se espera una respuesta. Es sobre el cumplimiento de la Ley 1297/98 que regula la propaganda institucional de entes públicos.
El edil asegura que la intendenta utiliza este rubro para hacer propagada de su figura personal y no como lo establece la Ley 1297/98, que prohíbe hacer propaganda, salvo en temas que tenga que ver con convocatorias a licitaciones, edictos en general, promoción de campañas de información, educación rural y sanitaria.
También se exceptúan los ávidos sobre temas de interés general, sobre prestación de servicio y defensa del consumir. La ley afecta las entidades autárquicas, descentralizadas, gobernaciones y municipalidades.
El ex concejal municipal Nicola Russo, quien acompañó a Miranda en su denuncia en carácter de abogado, explicó que la Ley 1297 está vigente hace 10 años, que prohíbe la propaganda en espacios pagados por las instituciones públicas. "Se puede publicar temas de interés general. Por ejemplo, la oficina de Defensa al Consumidor nadie sabe dónde queda en Ciudad del Este. La forma que actualmente ella (la intendenta) hace publicidad hoy es ilegal, porque esta ley prohibe. Lo que hoy hace el Municipio es propaganda política".
LA SITUACIÓN. Russo empero señala que esta ley no castiga penalmente, "pero si la Contraloría puede determinar que la Intendenta tiene que reembolsar la plata que se gastó en publicidad si detecta anomalía, y si no devuelve, incurre en lesión de confianza y ahí puede ser imputada e irse a la cárcel. La Contraloría es la que tiene que determinar la falta y la Procuraduría del Estado tiene que exigir la devolución de ese dinero".
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