Con presión política y tramoya judicial quieren despojar de inmueble al dueño

Con presión política y tramoya judicial quieren despojar de inmueble al dueño

El abogado Mauro Barreto solicitó a la Dirección de Policía del Alto Paraná verificar todos los documentos que guardan relación a una orden de desalojo dictada, presumiblemente de forma irregular por la jueza en lo civil, Victoriana Cáceres. El propulsor de la demanda estaría a punto de lograr el de

El abogado Mauro Barreto solicitó a la Dirección de Policía del Alto Paraná verificar todos los documentos que guardan relación a una orden de desalojo dictada, presumiblemente de forma irregular por la jueza en lo civil, Victoriana Cáceres. El propulsor de la demanda estaría a punto de lograr el desahucio mediante influencia de altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y el propio comandante de la Policía Nacional, comisario general inspector, Luis Carlos Rojas.

Ante el inminente desalojo, el abogado Barreto, en representación del ciudadano Catalino Moreno, solicitó al director policial, comisario general Enrique Isasi, verificar el expediente antes del cumplimiento del mandamiento judicial, advirtiendo que la resolución está viciada y que su ejecución podría tener consecuencias.

Barreto, en su explicación técnica, sostiene que su cliente en el 2012 había recibido la noticia que su propiedad, de 20 hectáreas, ubicada en el Km 26 de Minga Guazú, estaba siendo invadida. Entonces, sin dudar, formuló la denuncia ante el Ministerio Público. En tanto que dos días después se presentó en la misma unidad fiscal una persona de nombre Jairo Antonio Webber, con un contrato privado, argumentando haber adquirido el inmueble de una persona jurídica de nombre Albarus SA. El inmueble en cuestión se halla individualizado con la matrícula K13/7347 con Cta. Cte. Catastral Nº...

Iniciado el litigio se llevó a cabo una pericia y se detectó mediante los detalles técnicos que ambas fincas están superpuestas, pero con la diferencia que el título de Webber tiene origen en una finca del entonces IBR, situada en la zona de Juan León Mallorquín, evidenciándose que no tenía derecho sobre la propiedad y que exigía de forma fraudulenta la titularidad.

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