La defensa del Dr. Gustavo Rodríguez Andersen, docente de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) busca con una nueva maniobra jurídica que la causa por acoso sexual quede impune y no sea elevada a juicio oral y público.
El fiscal del caso, Julio Ortiz, antes que objetar, se allanó al pedido, en virtud a que la denuncia ante el Ministerio Púbico fue presentada “un año y medio después” de que ocurriera el hecho y “no dentro del plazo de seis meses” como establece dicho apartado.
La última palabra tendrá el juez Penal de Garantías, Gustavo Bóveda, quien ayer llevó a un cuarto intermedio la audiencia preliminar. Hoy, a las 9.00, el magistrado dará a conocer su fallo, a saber si da lugar al pedido de la defensa o si eleva el caso a juicio. “El juez debe rechazar estas pretensiones, imponer las costas y enviar la carpeta al Ministerio Público para que se designe otro fiscal”, afirmó Kattya González, abogada que presentó la querella adhesiva en la causa.
Suspicaz. A González le sorprendió que el fiscal Ortiz haya cambiado de parecer, pues “embarra todo el camino recorrido” de la imputación que él mismo inició. “Lo que hizo este fiscal no se hace, es la primera vez que veo que un agente cambie de posición. No había un protocolo en la Facultad para atender la denuncia de la joven, además que le decían que él (Andersen) era una persona poderosa”, expuso al señalar que en este contexto no se debería aplicar dicho plazo procesal.
Para la querellante, con dicho criterio todos los delitos de acción penal pública quedarán impunes.
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