Por AUGUSTO DOS SANTOS PERIODISTA No me resisto. Necesitaba repetir el título de la semana anterior. Es que el grave episodio del sábado: la muerte de 8 combatientes en el distrito de Arroyito hace imposible olvidarlo. Hace imposible olvidar cuánto relativizamos amenazas que son realmente importantes porque ponen en jaque la seguridad de la República.... Leer Más
No me resisto. Necesitaba repetir el título de la semana anterior. Es que el grave episodio del sábado: la muerte de 8 combatientes en el distrito de Arroyito hace imposible olvidarlo. Hace imposible olvidar cuánto relativizamos amenazas que son realmente importantes porque ponen en jaque la seguridad de la República.
Criticábamos el lunes pasado la iniciativa de varios congresistas de desarrollar audiencias públicas en esta región. Mencionábamos que era de un alto riesgo llamar a consulta a las comunidades del área de influencia del EPP sobre el funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), sencillamente porque representa exponerlos a una eventual represalia de los criminales armados si ellos aventuraran a expresarse favorablemente sobre la gestión de las fuerzas de la ley.
Decíamos que en todo caso, la opinión de tales vecinos de zonas afectadas por el terror del EPP podría recogerse mediante sondeos de opinión u otros métodos más prudentes y menos riesgosos.
Pero el punto es otro. El punto es que con el EPP no se juega. Por ello la lucha contra este flagelo debe provenir de un consenso de toda la clase política y los poderes del Estado, y al constituir un consenso debe configurarse como una agenda de Estado. Al serlo, debe estar protegido de los nubarrones y las descargas atmosféricas de la política. De lo contrario, no se logrará el objetivo y la tendencia; menos que de debilitamiento será de fortalecimiento de esta banda.
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