Los tres caseros del diputado ya habían planteado el mismo incidente el año pasado. El juzgado había confirmado la imputación alegando que es “completamente válida y se ajusta a derecho”.
Dichas investigaciones revelaron que el legislador hizo figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados, a pesar de que en realidad no prestaban servicio alguno al Estado. Se trata de Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.
El abogado Jorge Bogarín explicó que el fiscal Luis Piñánez imputó a su defendido, sin que el mismo haya sido previamente desprovisto de su inmunidad, contraviniendo expresas disposiciones constitucionales y legales, lo cual torna nula la imputación referida.
“Con la presentación del acta de imputación, los agentes fiscales han vulnerado la inmunidad del diputado nacional, en razón de que no se ha realizado información sumaria alguna, ni mucho menos la comunicación de la investigación a la Cámara Baja, requisitos previos a la formación de la causa y sometimiento al proceso”, manifestó el defensor Bogarín.
Recalcó que la imputación es pasible de ser atacada de nulidad por el agravio que causa a su defendido, ya que vulnera el derecho a la defensa de Rivas.
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