Este modelo de negocio, prohibido hoy por el Cones, permitió que crecieran como flores en primavera las ofertas de los institutos superiores y las universidades a nivel país. Todo se perpetró sin control y en desmedro de la calidad académica.
–¿Cuál es el origen de la crisis de la educación superior en nuestro país?
–El origen de esta crisis se remonta a la modificación de la Ley 136, de Universidades, a través de la Ley 2529/06 que, basada en una interpretación radical de la autonomía, estableció que el Congreso, para crear una universidad o instituto superior, ya no necesitaba el dictamen vinculante del Consejo de Universidades (CU), y estas instituciones podían habilitar por sí y ante sí sedes, filiales y carreras sin ninguna supervisión o control. Entonces se crearon universidades e institutos superiores prácticamente sin el análisis riguroso que todos deberían necesitar.
–De 17 universidades creadas en esa época, 15 se crearon con el dictamen desfavorable del CU y dos ni siquiera pasaron por este organismo. Algunas realmente hicieron el esfuerzo por poner las condiciones mínimas para funcionar. Otras ofrecieron franquicias a terceros, con pocos criterios de calidad por parte de sus autoridades centrales, rectores o directores.
–Hay algunas instituciones que funcionaron con ese sistema. La Universidad Privada del Guairá (UPG), que está intervenida, por ejemplo. Recibimos la visita de los dueños de las franquicias porque tenían problemas de titulación y ellos mismos reconocieron que estaban pagando una franquicia a esa universidad.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
