La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) destinó 1.200.000 dólares para fortalecer los sistemas de control aplicados a la Ley 4743/12 de Financiamiento Político. Sin embargo, la consultora adjudicada aparentemente no participó en las modificaciones que se plantearon a la norma aprobada en general.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aconsejó la aprobación con modificaciones del proyecto de ley, que pretende que la financiación de las campañas sea controlada desde las internas y no solamente en las generales.
El proyecto de ley fue aprobado en general el miércoles por la Cámara de Diputados y su estudio punto por punto fue postergado para la sesión del miércoles 31 de mayo. La norma si bien establece requisitos, plazos y fija límites para las donaciones, no determina qué institución se encargará de examinar los documentos presentados por los precandidatos y candidatos durante las elecciones internas y generales.
Ignoran la intervención de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) y restan atribución a la Contraloría para que realice las auditorías. Luego de las elecciones municipales del 2015, el órgano detectó una serie de desórdenes en las cuentas de las agrupaciones políticas.
En el marco del Programa Democracia y Gobernabilidad de la Usaid, ejecutado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso) fue adjudicada la consultora KPB que tiene como directora a Mónica Pérez, exdirectora del BCP. Si bien la Usaid destinó US$ 1.200.000 al programa, no existió una intervención por parte de la Comisión Técnica de Financiamiento Político como de la consultora adjudicada para establecer y mejorar los controles en el proyecto de ley que está en estudio en Diputados.
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