Uno de los puntos más conflictivos es la normativa que obliga a las instituciones a entregar las calificaciones incluso a
Uno de los puntos más conflictivos es la normativa que obliga a las instituciones a entregar las calificaciones incluso a alumnos con cuotas impagas. Para los colegios, esto elimina el único mecanismo efectivo de gestión de cobranza y los expone a un esquema que describen como “subsidio forzoso”, ya que el servicio debe mantenerse aun ante el incumplimiento. Varios establecimientos, especialmente los de tamaño mediano y pequeño, aseguran estar al borde de la quiebra.
El segundo eje de preocupación se da en el área de la educación inclusiva. Según denuncian, el MEC prohíbe exigir la figura de una maestra sombra para estudiantes que requieren acompañamiento intensivo y obliga a brindar atención sin la presentación de un diagnóstico profesional. Las instituciones sostienen que esta exigencia, aunque bien intencionada, afecta la calidad del acompañamiento pedagógico y sobrecarga a los docentes sin un marco claro de recursos.
Ante este panorama, el sector privado reclama una revisión urgente de las políticas implementadas. Sostienen que el MEC debería promover reglas que garanticen la sostenibilidad del sistema mixto —público y privado— en lugar de imponer cargas que, según advierten, podrían llevar a un deterioro irreversible del servicio educativo que ofrecen.
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