Con un salario mensual de G. 37.900.000, equivalente a unos 13 salarios mínimos, varios diputados cerraron el año legislativo con niveles de producción que difícilmente justifican lo que cobran.
La comparación entre ingresos y trabajo efectivo deja al descubierto una brecha que vuelve a encender el malestar ciudadano: sueldos de primer mundo frente a una productividad que, en algunos casos, ni siquiera alcanza un proyecto por mes.
Entre los casos más llamativos aparece Arturo René Urbieta, quien presentó 10 proyectos en todo el año. Con ese ritmo, cada iniciativa legislativa tuvo un costo cercano a los G. 4 millones para el Estado. Traducido en términos simples, un proyecto por mes, y eso solo si el calendario tuviera más días de los habituales.
Muy cerca se ubica Avelino Dávalos Estigarribia, con 11 proyectos en doce meses. Una producción que apenas roza el promedio de una iniciativa mensual y que refuerza la percepción de un trabajo legislativo mínimo frente a una remuneración máxima.
El panorama se vuelve aún más crítico con Esteban Samaniego Álvarez, que cerró el año con solo 9 proyectos presentados. Ni siquiera alcanzó los dos dígitos en productividad anual, lo que abre interrogantes sobre en qué se tradujo, en términos concretos, su gestión parlamentaria durante ese período.
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