Las instituciones de Supsalud y la Defensoría del Pueblo se unen para fiscalizar la situación legal de las clínicas estéticas y privadas del país, que hacen procedimientos quirúrgicos.
Debido a la necesidad de fiscalización de los centros estéticos y privados —que hacen procedimientos quirúrgicos— la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo firmaron ayer un convenio con el objetivo de aunar esfuerzos para el operativo de control.
El superintendente de Salud, doctor Roberto Melgarejo Palacios, y el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, suscribieron este martes el convenio para el trabajo conjunto de fiscalización.
Tanto los planes de fiscalización o el anunciado del operativo Ñemboty, que apunta al cierre de clínicas privadas y estéticas en situación irregular, se fortalecen tras el caso de una mujer de 66 años que falleció tras una lipopapada realizada en una clínica otondológica.
El objetivo principal es garantizar la calidad, la seguridad y el respeto a los derechos de los usuarios en todo el país, según un comunicado institucional.
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