Carla Samon Ros Lima, 12 oct (EFE).- La presión judicial contra el presidente peruano, Pedro Castillo, creció notablemente este martes con la decisión de la fiscal general de presentar en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por liderar una supuesta organización criminal, un hecho inédito que abre un nuevo episodio de incertidumbre en […]
Lima, 12 oct (EFE).- La presión judicial contra el presidente peruano, Pedro Castillo, creció notablemente este martes con la decisión de la fiscal general de presentar en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por liderar una supuesta organización criminal, un hecho inédito que abre un nuevo episodio de incertidumbre en un país asediado por constantes crisis políticas.
Con este movimiento, la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dejó en manos del Parlamento, dominado por la oposición, el destino de la acusación contra el mandatario, que desde que asumió el poder en julio del año pasado acumula seis investigaciones preliminares de supuestos casos de corrupción.
Esto enciende ahora una batalla con más tintes políticos que jurídicos, que se vislumbra larga y que, a los ojos de Castillo, forja el inicio de una «nueva modalidad de golpe de Estado».
Pero, ¿qué pide exactamente Benavides con esta denuncia? ¿Qué pasos seguirá el trámite en el Congreso? Y ¿qué implicaciones podrá tener para el Gobierno de Castillo?
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