La ciudadanía tiene derecho a conocer el informe final de la intervención de la Municipalidad de Asunción, documento que constituye una radiografía de la grave crisis financiera y administrativa que atraviesa la capital. Mientras el Ejecutivo mantiene retenido el reporte, se acumulan sospechas de encubrimiento y la ciudad sigue hundida en abandono.
El interventor Carlos Pereira entregó el informe final de la intervención el pasado 22 de agosto al Ministerio del Interior. De acuerdo con la ley, el documento debía ser remitido de inmediato a la Cámara de Diputados. Sin embargo, días después, sigue detenido en el Gabinete Civil de la Presidencia, sin que la ciudadanía ni el Congreso lo conozcan.
La falta de transparencia alimenta la sospecha de que se busca esconder las conclusiones de la investigación, que incluirían denuncias por desvío millonario de bonos, falsificación de documentos y hasta la existencia de cajas paralelas en la administración municipal.
El informe no es un mero trámite político. Se trata de un documento que expone la magnitud del colapso administrativo y financiero de la comuna capitalina. La deuda acumulada, el déficit creciente y el deterioro de los servicios municipales confirman que Asunción atraviesa uno de los peores momentos de su historia institucional.
Calles plagadas de baches, basura acumulada, plazas abandonadas e inseguridad son la cara visible de una gestión que llevó a la ciudad al borde de la quiebra.
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