La jueza Cynthia Lovera citó a la exdefensora general para su audiencia preliminar en un caso abierto por lesión de confianza durante su administración en el Ministerio de la Defensa Pública. Otras 14 personas están acusadas en este mismo caso.
El Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio patrimonial cercano a los 5.000 millones de guaraníes, y que habría sido ocasionado por los acusados mediante la firma de contratos y el pago de sumas de dinero a empresas que no realizaron a cabalidad las obras de construcción de las sedes de la defensa pública de San Estanislao, Pedro Juan Caballero, Horqueta, Caacupé y San Juan Bautista.
La conducta atribuida a Yore, según la acusación fiscal, consiste en que la misma firmó los contratos con las empresas respectivas y abonó por las obras, pero estas no realizaron correctamente los trabajos y al final se rescindió el contrato. Igualmente, la exdefensora general no ejecutó las pólizas de fiel cumplimiento a las empresas infractoras.
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