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Según representantes de los diferentes gremios, la iniciativa atenta contra los principios constitucionales. Insisten en que los sectores políticos no deben involucrarse y que se debe seguir negociando para encontrar una solución que beneficie a ambas partes.
Advierten que la iniciativa parlamentaria atenta contra la estabilidad de precios y puede generar hasta una inflación de dos dígitos, con impacto principalmente en los sectores de menores ingresos.
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