La Primera Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital resolvió confirmar el Auto Interlocutorio N° 18
La Primera Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital resolvió confirmar el Auto Interlocutorio N° 18 dictado por la jueza penal de garantías Mesalina Fernández, en el marco de la causa autónoma s/ Calumnia en plataformas digitales. Mediante esta resolución, la máxima instancia de alzada ratificó el rechazo a nuevas diligencias informativas solicitadas por la querella del empresario Christian Chena, bajo la representación de la abogada Alejandra Peralta de Merlo, e impuso un plazo definitivo de cinco días para que se presente la acusación formal contra la presunta responsable...
El conflicto jurídico escaló cuando la querella solicitó, apelando a la de por sí restrictiva figura del «auxilio judicial previo», la emisión de un oficio dirigido a la Dirección General de los Registros Públicos. La intención técnica de la defensa radicaba en indagar las titularidades de un inmueble específico ubicado sobre la calle O’Leary N° 470, vinculado a la firma comercial AZAFRÁN S.A. Con esta medida, la parte querellante buscaba demostrar que la pesquisa no debía agotarse ni terminar simplemente con la mujer que saltó en el informe de la empresa telefónica, sino que existía una...
El voto mayoritario, liderado por el magistrado Paublino Escobar Garay, impuso una línea rígida al determinar que el auxilio judicial contemplado en el artículo 423 del Código Procesal Penal es una herramienta excepcional con un objeto acotado. El juez consideró que, tras recibir reportes oficiales de empresas de telefonía móvil, la Dirección Nacional de Migraciones e Interpol, ya se logró identificar formalmente a una supuesta responsable de la línea y el perfil —individualizada como Yecika Magle Bracho Atacho— con su número de cédula y un domicilio en la calle O’Leary N° 966, dándose por...
No obstante, el dictamen dejó constancia de una profunda disidencia en la argumentación por parte de los jueces Jesús María Riera Manzoni y Mario Camilo Torres Leguizamón. Los magistrados formularon una severa advertencia doctrinaria sobre las limitaciones tecnológicas de la legislación penal paraguaya, afirmando que los delitos en internet poseen una complejidad atípica.
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