La Paz, 26 sep (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado de Bolivia es responsable por "graves violaciones de derechos" de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron acusados en el país dentro de un polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009 y que fue cerrado en 2020.
Estas conclusiones son parte de un informe al que accedió Efe, emitido por el organismo ante una petición formulada por el abogado Gerardo Prado Herrera y la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros muertos en el operativo policial de abril de 2009 en la región oriental de Santa Cruz que dio lugar al llamado "caso terrorismo".
La petición, presentada en septiembre de 2009 y admitida en 2018, alegaba la "responsabilidad internacional" del Estado boliviano por la "ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas", es decir, Dwyery, también el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, sobrevivientes de la operación policial, y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza, recuerda el informe.
"La Comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" en perjuicio "de las víctimas identificadas en el presente informe", señala el documento.
El organismo hizo cuatro recomendaciones al Estado, entre ellas, reparaciones para las víctimas, disponer las medidas de salud física y mental que correspondan para su rehabilitación y adoptar las medidas necesarias para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.
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