SANTIAGO DE CHILE. He llegado al país en medio de una algarabía, afortunadamente pacífica y civilizada. Es domingo y decenas de miles de personas protestan contra las AFP.
Se quejan de las Administradoras de Fondos de Pensiones, un sistema de jubilación fundado en cuentas individuales de capitalización, más o menos como las 401(k) y las IRA norteamericanas. Uno cotiza una parte de su salario en una cuenta que le pertenece y, por lo tanto, después de cierta edad puede disponer de esos recursos y transmitírselos a sus herederos cuando muere.
Las AFP son empresas financieras privadas que invierten el dinero que les confían los trabajadores en instrumentos razonablemente seguros, de manera que los riesgos sean mínimos. Cobran una media de 1,5 % por manejar estos recursos. Desde que el economista José Piñera creó las AFP, a principios de la década de los años ochenta del siglo pasado, la rentabilidad promedio anual ha sido del 8,4%. El Gobierno se limita a establecer reglas muy estrictas y a vigilar estrechamente a las financieras.
La masa de ahorros generada por las AFP es de aproximadamente 167.000 millones de dólares. Un tercio de esos fondos proviene de los depósitos directos de los trabajadores. Los dos tercios restantes son los intereses producidos por estas imposiciones. Sin duda, ha sido un magnífico negocio para los presuntos jubilados.
Hasta la creación de las AFP prevalecía en Chile, como ocurre en casi todo el mundo, el modelo de fondos de reparto. La cotización del trabajador iba a una caja general que se ocupaba de pagar las pensiones de los jubilados o servía para financiar los gastos fijos de la creciente empleomanía pública.
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