Por Gustavo A. Olmedo B.
Y el dramático caso del pequeño Charlie Gard, que se hizo eco internacionalmente en estas semanas, es uno de estos. El niño de casi 10 meses nació con el síndrome de agotamiento mitocondrial, una patología grave y, por lo general, mortal. Los padres luchan por salvarlo y buscan alternativas. El Estado, por el contrario, los obliga a acelerar su muerte.
La Justicia británica autorizó al hospital el retiro del sistema de respiración y los nutrientes y rechaza que el pequeño sea trasladado a EEUU para un tratamiento, alegando que no tendrá éxito y que el niño debe tener una "muerte digna".
En tanto, el Hospital pediátrico Bambino Gesú de Roma ofreció acogerlo, pero el Great Ormond Hospital, donde se encuentra, se negó a la transferencia por razones legales, argumentando el "interés del niño". A todo esto se suma la negativa del equipo médico para que el bebé pase sus últimas horas en la casa, como lo piden sus padres. Ahora el hospital de Londres está solicitando una nueva audiencia al Tribunal Superior para revisar el caso de Charlie Gard.
El hecho despierta interrogantes. ¿Cómo el Estado llega a tener tanto poder como para determinar la continuidad o no de la vida de una persona? ¿Por qué la Justicia tiene la potestad de sentenciar la muerte de un niño, ignorando la súplica de los propios padres, que solo piden continuar un tratamiento? ¿Son los jueces o tribunales capaces de comprender y asimilar los "deseos" del pequeño Charlie, más que aquellos que lo engendraron, cuidaron y están luchando por su vida?
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