En mayo de 2010, la Contraloría General de la República (CGR) presentó a la Itaipú Binacional el resultado del examen especial referente a los gastos sociales de la entidad. En él advertía acerca de la ilegalidad de esos recursos y recomendaba a sus autoridades realizar las gestiones necesarias para lograr su legitimación por el Poder Legislativo.
La auditoría de la CGR fue realizada sobre la ejecución de los fondos sociales de la Itaipú correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, y del 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2008, bajo las administraciones de Víctor Bernal Garay y Ramón Romero Roa, respectivamente, ambos directores nombrados por Nicanor Duarte Frutos.
Cabe indicar que la nota reversal por la cual se establece el cambio de misión institucional de la Itaipú y se incorporan los gastos sociales al costo del servicio de electricidad fue firmada bajo el gobierno de Duarte Frutos, el 31 de marzo de 2005.
En su conclusión, la CGR se ratificó en la falta de legitimidad de ese acuerdo internacional, puesto que no se cumplió con lo establecido en la Constitución Nacional, la que en su artículo 137º establece claramente que “la ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado (...)”.
Asimismo, la CGR recomienda a las autoridades de la binacional “realizar las gestiones necesarias a efectos de obtener la legitimación por parte de los legislativos de cada país miembro en lo que refiere a su responsabilidad social, como motor del cambio misional del ente”.
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