El contralor general Camilo Benítez expresó ayer que el caso que involucra al director jurídico del IPS, José “Jose’i” González, tendrá un control más extremo a partir de las últimas declaraciones del alto funcionario. Benítez señaló que la maniobra utilizada para el cobro de honorarios en un juicio contra una empresa privada puede ser absolutamente legal o puede esconder una ilicitud gigantesca. Advirtió que tampoco se descarta un posible “soborno encubierto”.
“Fuera del aspecto ético, tenemos que circunscribirnos justamente al aspecto jurídico. Esto puede ser absolutamente legal o puede esconder una ilicitud gigantesca”, declaró ayer el contralor Camilo Benítez en contacto con la 1080 AM. Fue al ser consultado sobre la forma en que se pagaron los honorarios al director jurídico del IPS, José “Jose’i” González, en el marco de un juicio contra el Consorcio Hotelero Sudamericano SA (Hotel Excelsior), representado por Jorge López Moreira.
Benítez señaló que las últimas declaraciones de González revelaron situaciones “al menos administrativamente irregulares”. Adelantó que sus últimos justificativos “nos obligan a verificar extremos que antes no hubiéramos hecho”.
El contralor refirió que el trabajo de los abogados pudo haber sido fenomenal y que todos cobraron conforme a lo que establece la ley, pero tampoco se puede descartar un posible “soborno encubierto”, adelantó.
González Maldonado cobró G. 412.500.000 de honorarios profesionales luego de un acuerdo extrajudicial del IPS con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA en un juicio de ejecución de una sentencia. Según González Maldonado, la empresa transfirió dicho monto a las cuentas de la institución y que, posteriormente, el IPS le “traspasó” el dinero a él, evidenciando una triangulación financiera altamente sospechosa.
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