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La CGR confirmó 33 observaciones por irregularidades en sepelios pagados sin licitación por la intendenta Carolina Aranda durante la pandemia.
La intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda (liberocartista), no logró convencer a la Contraloría General de la República (CGR) con la documentación parcial presentada en su descargo, ante las observaciones sobre los costosos servicios de sepelio realizados en plena pandemia. A pesar de sus argumentos, el ente contralor se ratificó en todas sus apreciaciones, manteniendo el cuestionamiento sobre la gestión de estos fondos.
Aranda intentó justificar la realización de un “contrato abierto” con una empresa funeraria, eludiendo los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Su argumento principal fue que la situación de pandemia y la “alta demanda de pedidos” de servicios de sepelio hicieron inviable una licitación pública, que, según ella, “llevaría más tiempo”. Sin embargo, la CGR, en su informe final, desestimó esta explicación, reafirmando la falta de justificación para la omisión de los procedimientos licitatorios reglamentarios.
En su descargo, Carolina Aranda afirmó que “se suscribieron varios contratos para los servicios de sepelios teniendo en cuenta que en ese periodo nos encontrábamos en plena pandemia y el requerimiento de los servicios de sepelios por los pobladores de esta ciudad eran altas por lo que dicha situación conllevó a realizar dichos procedimientos ya que si realizábamos el contrato por la modalidad de LPN nos sobrellevaría mucho tiempo teniendo en cuenta las exigencias establecidas por las disposiciones legales”. A pesar de esta justificación, la CGR fue contundente en su informe final.
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