Una reciente denuncia judicial ha vuelto a poner en evidencia las prácticas de corrupción enquistadas desde hace años en el sistema penitenciario paraguayo. En la Penitenciaría de Emboscada, una jueza de ejecución penal alertó sobre la existencia de las denominadas celdas VIP, espacios especialmente acondicionados para internos con alto poder económico o vinculaciones con el crimen organizado.
Entre las comodidades detectadas, incluso se menciona la existencia de jacuzzis dentro de las celdas, una situación completamente alejada de la realidad de la mayoría de los reclusos, que viven en condiciones de hacinamiento, precariedad y violencia.
Aunque el Ministerio de Justicia comunicó públicamente que está desmantelando estas celdas irregulares, la reacción institucional ha sido lenta y evasiva, lo que pone en tela de juicio el verdadero compromiso con la transformación del sistema carcelario. La denuncia fue recibida la semana pasada, pero recién este lunes se prevé el inicio de la verificación oficial y posible intervención, bajo el argumento de que “es difícil realizar procedimientos los fines de semana”.
Esta demora resulta particularmente grave considerando que la advertencia no provino de rumores o informes sin fundamento, sino de una jueza de ejecución penal, una autoridad judicial con competencia directa en el seguimiento y control de las condiciones de reclusión. La gravedad del caso no solo radica en los privilegios indebidos otorgados a ciertos reclusos, sino en el desbalance estructural y ético que esto representa dentro del sistema penitenciario.
La existencia de estas celdas VIP no es un fenómeno nuevo. Por el contrario, forma parte de una práctica corrupta arraigada históricamente, donde los presos con mayor poder adquisitivo acceden a beneficios ilegales, mientras la mayoría de la población penal enfrenta sobrepoblación, falta de acceso a la salud, alimentación deficiente y escasas oportunidades de rehabilitación.
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