El presidente de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas (Añetete) y el diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) son acusados de hechos de corrupción: el primero está investigado por enriquecimiento ilícito y el segundo está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, entre otros delitos; ambos chicanean sus casos y no se someten a la justicia hace más de un año.
Estos dos diputados utilizan sus fueros para frenar las pesquisas judiciales en su contra. En el caso de TomÁs Fidelino Rivas, desde el 20 de mayo del año pasado cuando fue imputado por sus “caseros de oro” por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios, uso de certificados y otros, pero el diputado presentó toda una serie de incidentes para dilatar que la Cámara Baja trate su desafuero.
Apeló la comunicación que hizo el entonces juez penal de Garantías Rubén Riquelme a Diputados, para pedir su desafuero. En este caso recibió una ayuda de la Sala Penal de la Corte que retuvo el caso por más de ocho meses, al no resolver las recusaciones que presentó la defensa de Rivas contra los camaristas.
Finalmente, tras cumplirse un año de haberse presentado la imputación, la Corte y la Cámara de Apelación resolvieron los incidentes, pero Tomás Rivas recusó a la jueza penal de Garantías Leticia Paredes, para evitar que esta comunique el pedido de desafuero.
El argumento de Rivas era que la jueza al firmar algunas resoluciones ya tomó postura en el proceso, pero la magistrada lo que en realidad hizo fue informar a la Cámara Baja que ella recibió el expediente del diputado tras la jubilación a la que se acogió el juez Rubén Riquelme y que todavía no firmó ningún escrito en la presente causa. Los camaristas al analizar el expediente se dieron cuenta de que la jueza no pudo incurrir en el hecho denunciado ya que no tuvo aún intervención en el expediente.
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