La abogada Sary Hellman, defensora de la familia Garcete, cuestionó esta mañana la imputación presentada por la fiscala Estela Mary Cano contra siete personas por el caso conocido como Korochire. Aseguró que hasta una anciana de 92 años y toda su familia fueron acusadas de prevaricato sin justificación, pese a que ninguno es funcionario público. Hasta tienen orden de prisión preventiva.
La defensora de la familia Garcete explicó que la semana pasada fueron imputados el exjuez de Mariscal Estigarribia Aníbal Ortiz, Alicia Garcete de Ayala, Dionisio Garcete Fleitas, Camila Fleitas de Garcete (92), Rafael Adrián Ayala Barúa, José Asunción Ayala Ferreira y Kornelius Kroker Derksen, por el sonado caso conocido como “Korochire”, relacionado a un predio de 12.000 hectáreas en Fuerte Olimpo, Chaco.
Todos los mencionados tienen imputación por los delitos de estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, apropiación, testimonio falso, asociación criminal y prevaricato.
La abogada hizo énfasis en que en el acta de imputación no detalla ninguno de los argumentos sobre cada delito. Incluso destacó que son acusados sin excepción de prevaricato, pese a que solo el exjuez Aníbal Ortiz fue funcionario público.
Recordó que el año pasado se otorgó una sentencia a favor de Dionisio Garcete contra la firma agroganadera Occidental SA (Agroosa), sobre un interdicto para recobrar la posesión de las tierras en disputa. “A raíz de eso se molestó la contraparte, que sabemos es muy pesada (pues OGD estaría detrás)”, añadió.
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