El juicio oral y público por la muerte de Álex Enrique Alejandro Ortiz y Gloria Yetsica Espínola Cáceres llega a su momento decisivo después…
El juicio oral y público por la muerte de Álex Enrique Alejandro Ortiz y Gloria Yetsica Espínola Cáceres llega a su momento decisivo después de casi cuatro años de una tragedia que jamás debió ocurrir. Dos jóvenes perdieron la vida durante un procedimiento policial ejecutado el 19 de noviembre de 2022 en Ciudad del Este y ahora corresponde que la Justicia determine, sobre la base de las pruebas producidas durante el proceso, las responsabilidades penales de quienes aquella noche tenían en sus manos armas, autoridad y, sobre todo, la obligación legal de proteger vidas.
En esta instancia hay algo que no puede perderse de vista: las víctimas son Álex y Gloria. Ningún intento por reconstruir los hechos, justificar el procedimiento o elaborar una estrategia defensiva debería terminar convirtiéndolos, directa o indirectamente, en responsables de lo que les ocurrió. Ellos ya no pueden hablar, explicar qué sintieron ni defenderse de cualquier afirmación formulada desde el cómodo lugar de quienes sobrevivieron aquella noche. Por eso, el proceso judicial tiene también la obligación moral de preservar la dignidad y la memoria de quienes terminaron muertos.
La Fiscalía y la querella sostuvieron durante sus alegatos finales que las pruebas técnicas, científicas y testimoniales demostraron la participación de los agentes procesados en los disparos. También afirmaron que la hipótesis de un supuesto enfrentamiento quedó descartada debido a que las víctimas no presentaban rastros de pólvora en las manos y que dentro del vehículo en el que viajaban tampoco fue encontrada arma alguna. El Toyota Allion, según lo expuesto durante el juicio, recibió 23 impactos de bala. Son elementos extremadamente graves que el Tribunal deberá valorar con absoluta...
Los acusados tienen, naturalmente, derecho a la defensa, al debido proceso y a presentar todos los argumentos que consideren pertinentes. Esa garantía constituye uno de los pilares de cualquier Estado de derecho y debe ser respetada hasta el último momento. Pero una cosa es ejercer legítimamente la defensa y otra muy distinta pretender trasladar sobre quienes murieron la responsabilidad por un procedimiento que terminó con una lluvia de disparos contra un automóvil ocupado por dos personas.
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