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El Tribunal de Apelaciones Penal, Tercera Sala, hizo lugar a la apelación planteada por las defensoras públicas, Analía Yinde, Celeste Jara y María Fernanda Laino, en representación de los 40 imputados procesados por perturbación de la paz pública y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. El juez Miguel Tadeo Fernández había impuesto el arresto domiciliario.
Por lo que resolvieron revocar el arresto domiciliario. Además impusieron las siguientes reglas de conducta a los imputados: prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio, la comparecencia de forma mensual ante el juzgado a fin de firmar el libro respectivo.
Asimismo la prohibición de acercarse a los estadios dentro del territorio nacional donde se celebran eventos deportivos.
En la causa, la Defensa Pública en lo Penal de la Capital asistió a 80 declaraciones indagatorias ante el Ministerio Público, 62 audiencias de imposición de medidas antes la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial. Posteriormente a las revisiones de las medidas solicitadas, las que fueron realizadas todas en una mañana.
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