La jueza Cynthia Lovera fijó la fecha de la audiencia, además de ordenar que la misma sea substanciada a través del uso de medios telemáticos, videollamadas o similares, a fin de reducir los riesgos de contagios del coronavirus.
En diciembre de 2020 la agente fiscal Fátima Capurro había presentado la acusación y solicitó elevación a juicio oral, tras las investigaciones del caso de lesión de confianza.
Ante esto, los denunciantes habían manifestado que los procesados dilataron el curso normal del proceso judicial eludiendo la audiencia de imposición de medidas fijada ese mismo año por la jueza Cynthia Lovera, para considerar el pedido fiscal de que los procesados tengan prohibido ingresar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y afines.
Indicaron que la Caja Bancaria fue vaciada por los imputados por lesión de confianza por la suma de G. 2.623.098.082.875.
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