“Informes”, “expedientes”, “actas” o “chipas” son solo algunos de los códigos con los que se manejaban a través de llamadas telefónicas con el procesado Ramón Benítez, exjefe del Detave, los funcionarios aduaneros para referirse al dinero recibido en concepto de coima.
La fiscala Belinda Bobadilla imputó a otras 20 personas más en el caso , que anuló en 2019 un esquema de cobro de coimas supuestamente dirigido por el Gral. (SR) Ramón Ernesto Benítez Amarilla, exjefe del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave) y acusado, además de esperando que se destrabe la causa en la Corte Suprema de Justicia.
Entre los incoados están los funcionarios de Aduanas: Juan Carlos Samudio Legal (41), quien era encargado del puesto móvil de Ciudad del Este; Hugo Mario González Ovelar (51); Rafael Portillo (67), encargado del puesto de control de Itapúa; Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz (39); Saúl Daniel Alarcón Moline (42), funcionario del puesto de control de Vista Alegre; Ángel Enmanuel González Cáceres (37), cumplía funciones en el puesto de control de Tavapy; José Bautista Ramírez Vera (62), también realizaba actividades en Vista Alegre; Alberto Ledesma Sánchez (50); y Víctor Daniel Duarte...
Los aduaneros de Vista Alegre estaban a cargo del acusado Óscar Samudio, exjefe de ese puesto.
El esquema de coimas fue denunciado el 19 de marzo de 2019 por Emilio Fúster, entonces jefe de la Coordinación Ejecutiva de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando. La Fiscalía inició luego una pesquisa con interceptaciones de llamadas telefónicas autorizadas judicialmente, entre 21 de marzo y 28 de abril de 2019.
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