Los agentes fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez imputaron a un juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado por el supuesto hecho de lavado de activos, en la modalidad…
Según la hipótesis del Ministerio Público, en agosto de 2023 la SENABICO comunicó al magistrado que las propiedades estaban sujetas a medidas cautelares. Además, informes de la Dirección General de los Registros Públicos, solicitados por el propio juez en octubre y noviembre de ese año, confirmaron que permanecía vigente una prohibición de innovar. Pese a estas advertencias, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A.
Posteriormente, el 28 de noviembre, el juez habría aprobado la subasta y ordenado la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Sin embargo, Registros Públicos rechazó el trámite mediante una nota negativa, debido a que las medidas cautelares seguían vigentes. Ante estos hechos, los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías el desafuero del magistrado y un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación.
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