El senador Hernán Rivas fue beneficiado con un sobreseimiento definitivo en la causa que investigaba el presunto uso de un título de abogado irregular, pero la decisión judicial no fue unánime y dejó expuesta una fuerte controversia dentro del Tribunal de Apelación.
La resolución fue adoptada por mayoría en la Segunda Sala, con votos que consideraron que no correspondía continuar con el proceso penal. Sin embargo, el camarista José Agustín Fernández se apartó de esa postura y sostuvo que el caso debía avanzar a juicio oral y público para un análisis más profundo de los hechos.
El punto central del debate giró en torno a dos aspectos: la presunta producción de documentos y el uso de los mismos. En cuanto al primero, el voto en disidencia reconoció que la acción ya no podía ser perseguida debido a la prescripción, teniendo en cuenta que el delito atribuido contempla una pena máxima baja y que el plazo legal había expirado al momento de la imputación fiscal.
No obstante, la mayor discrepancia surgió respecto al uso del documento supuestamente irregular. Mientras la mayoría del tribunal entendió que correspondía cerrar definitivamente la causa, el camarista disidente argumentó que existía una acusación fiscal vigente que ameritaba la realización de un juicio oral para esclarecer los hechos. Según su criterio, el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa no debía prosperar en esa etapa del proceso.
El magistrado fue categórico al señalar que, cuando existe una acusación formal del Ministerio Público, lo correcto es permitir que el caso sea debatido en juicio, donde puedan valorarse las pruebas y determinarse responsabilidades. En ese sentido, consideró que la decisión de cerrar la causa impidió avanzar en el esclarecimiento total del caso.
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