El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, anuló la Sentencia Definitiva N° 193 del 23 de mayo del 2024. Se deberá hacer un nuevo juicio para Eligio Ayala, quien fue detenido cuando se disponía a viajar a España, el 4 de noviembre del 2021, con 3 paquetes […]
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, anuló la Sentencia Definitiva N° 193 del 23 de mayo del 2024. Se deberá hacer un nuevo juicio para Eligio Ayala, quien fue detenido cuando se disponía a viajar a España, el 4 de noviembre del 2021, con 3 paquetes de cocaína en la maleta y no pudo abordar el vuelo.
La defensa del acusado presentó un recurso de apelación especial en contra de la Sentencia Definitiva N° 79 del 27 de marzo del 2024, dictada por los miembros de sentencia Laura Ocampo Fernández, Cándida María Fleitas y Fabián Weisensee, con el agravio de la existencia de errores materiales, es decir en errores en la interpretación y aplicación del derecho penal en que habría incurrido el Tribunal de Sentencia, respecto al marco penal aplicable por errónea aplicación del artículo 43 de la ley 1340 y errónea aplicación del artículo 65 CP que establece las bases o pautas de interpretación...
Concretamente se agravió que el artículo 43 de la ley 1340, fue interpretado de manera errónea, ya que el artículo establece los requisitos y luego la consecuencia jurídica para la persona que brinde una información relevante que permita el comiso de una cantidad de sustancias prohibidas por la ley, conocido como delación premiada. Es así que cumplido los requisitos establecidos en la ley, se da la atenuación del marco penal y en consecuencia la atenuación de la pena. Entonces debe constituirse en primer lugar un nuevo marco penal que establezca un mínimo y un máximo de conformidad a lo...
En el caso concreto, el Tribunal aplicó el artículo 43 de la ley de drogas y afirmó que el marco penal era de 8 años y tres meses de pena privativa de libertad, pero no se refirió al mínimo, “por lo que omitió establecer el marco penal en atención a que no fijó el mínimo de la pena prevista”, subrayan los camaristas. En este caso se determinó la pena concreta a ser aplicada al acusado en 8 años de pena privativa de libertad.
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